147% más insolvencias en Colombia: lo que el dato de Asobancaria revela sobre el recaudo

El primer trimestre de 2026 dejó un número que incomoda a todo el sector financiero colombiano.

Los procesos de insolvencia de personas naturales crecieron 147% frente al mismo período del año anterior. No es un dato menor: en una década, Colombia pasó de registrar 200 procesos anuales a más de 20.000 en 2025. Las proyecciones para 2026 superan los 30.000.

El dato llegó acompañado de dos interpretaciones radicalmente distintas. Y entender la diferencia entre ellas importa más de lo que parece.

La lectura de Asobancaria: un cartel que torcio el mecanismo

En abril de 2026, la Asociación Bancaria de Colombia emitió una alerta formal sobre lo que denominó un "cartel de la insolvencia": una red organizada de abogados y centros de conciliación que estaría manipulando el mecanismo legal para facilitar la evasión de deudas reales.

El esquema funciona así: se crean deudas ficticias con acreedores fantasma —conocidos informalmente como quiroamigos— para cumplir con los requisitos de la ley y orientar las votaciones en los procesos de acuerdo de pago a favor del deudor, en detrimento de los acreedores legítimos.

"Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia."

El impacto no es solo para los bancos. El efecto de la desconfianza generalizada se traduce en mayores requisitos de acceso al crédito y tasas más altas para quienes sí pagan. El fraude de pocos termina costándole al sistema entero.

La lectura que el 95% de los casos sostiene

Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia, ofrece una perspectiva distinta respaldada por los datos operativos del sector: el 95% de los procesos corresponde a personas de buena fe enfrentando dificultades financieras reales.

El perfil predominante es el de un colombiano de clase media con ingresos entre 2 y 6 millones de pesos mensuales, con obligaciones que combinan deuda de consumo, crédito hipotecario y libranzas. Son personas que no dejaron de pagar porque quisieron.

Dejaron de pagar porque el sistema los rebasó.

La informalidad laboral —que persiste a pesar de las cifras de desempleo de un dígito— genera ingresos que no son estables. Los productos financieros se multiplicaron sin que la capacidad de pago creciera al mismo ritmo. Y las libranzas, ese mecanismo de descuento directo de nómina, se convirtieron en una forma de endeudamiento silencioso que muchos no dimensionaron hasta que fue tarde.

Dos problemas con un solo número

El 147% no describe un solo fenómeno. Describe dos simultáneamente.

Hay una minoría que usa la figura de manera fraudulenta, con asistencia profesional y con el propósito explícito de evadir obligaciones reales. Ese es el cartel que Asobancaria tiene razón en señalar.

Y hay una mayoría que llega a la insolvencia como último recurso después de meses —o años— de intentar sostenerse. Esa es la señal que el sistema financiero colombiano no puede ignorar.

Confundir los dos problemas tiene consecuencias. Si la respuesta política es endurecer el acceso al mecanismo de insolvencia para frenar el fraude, el daño colateral recae sobre las personas que más lo necesitan.

Lo que esto dice sobre el recaudo

Hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de atribuir el crecimiento de insolvencias al fraude o a la irresponsabilidad del deudor.

¿Cuántos de esos 20.000 procesos del año pasado empezaron con un pago que el deudor quería hacer y no pudo completar?

La mora, en la mayoría de los casos, no empieza con una decisión de no pagar. Empieza con una fricción: un proceso difícil, una fecha que se olvidó, un canal que falló, una deuda que no aparecía registrada. Y la fricción acumulada produce atrasos. Y los atrasos producen más deuda. Y la deuda sin salida produce insolvencia.

El sistema que hace más fácil pagar —cualquier tipo de obligación, desde cualquier canal, en cualquier momento— no solo mejora el recaudo del mes. Reduce la probabilidad de que ese cliente llegue a necesitar una ley de insolvencia tres años después.

¿Cuántas insolvencias de 2025 empezaron como pagos que nadie facilitó?